Se produce una caída del 15% excluyendo los fondos de la UE 

El Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León considera insuficiente el esfuerzo inversor del Gobierno central con la Comunidad en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, presentado hoy al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, que registra una caída del 15,4% respecto a los de 2018, excluyendo la partida de 293 M€ procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

A falta de un análisis pormenorizado, el Consejo considera trascendente la inversión en obra pública para la creación de puestos de trabajo y para apoyar al sector de la construcción de obra civil, uno de los más castigados en los últimos años. Pero, por encima de ello, la rentabilidad económica y social que generarán estas infraestructuras debe ser especialmente reconocida.

Los cerca de 140 millones previstos para el Corredor del Duero, la A-60, la A-12 y A-73 permitirán avanzar en unos testimoniales 34 kilómetros que generarán si se ejecutan correctamente 612 puestos de trabajo directos e indirectos.  

Por otro lado, las líneas de Alta Velocidad de Madrid-Galicia; Valladolid-Burgos-Vitoria y Palencia-Santander que reciben 32,5 M€ sólo permitirán avanzar en cerca de 6 kilómetros que fomentarán el empleo directo e indirecto de más de un centenar de personas.

Ante esta radiografía y ante la anunciada subida de impuestos a las empresas, resulta sorprendente que el único gobierno de la Unión Europea que suba los impuestos sea el de España, lastrando así la recuperación. Desde el Consejo de Cámaras se viene afirmando que la empresa debe jugar un papel clave y ser el centro de la recuperación, una mayor presión fiscal perjudica seriamente su supervivencia.  

En momentos complicados y de incertidumbre lo último que debe hacerse es aumentar la carga impositiva a empresas y ciudadanos. Ante el desafío sanitario inédito al que se enfrenta el país, se solicitan medidas de carácter fiscal, laboral, financiero y administrativo para contrarrestar el impacto en empresas y autónomos promoviendo la flexibilidad en el conjunto de los sectores productivos, de las que, en lo más urgente, en que se centran como familias, trabajadores, empresas e investigación. No podemos obviar que el incremento de cargas a las grandes empresas repercute también en la actividad de las pymes y en los empleos indirectos que las grandes generan.